El aborto como derecho a la salud: un debate urgente


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Hace 95 años que el aborto es legal por causales. Desde 1921 el Código Penal de la Nación, en su artículo 86, explicitó que hay tres causales donde la interrupción del embarazo es legal: por violación, por afectación a la salud integral y por riesgo de vida. En el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró el sentido en el cual debía entenderse la causal salud en el emblemático fallo “F., A. L (1). s/medida autosatisfactiva”, remarcó lo innecesario de la judicialización e invitó al Estado a tomar acciones para cumplir con los acuerdos internacionales. En consecuencia, en el 2015 el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que reflejó y enmarcó muchas de las prácticas que se venían garantizando.

Sin embargo, la realidad social del aborto es tremenda y está fuertemente sub-registrada. Las estadísticas hablan de más de 500 mil abortos por año y del fallecimiento de casi 200 mujeres por año: 50 mujeres por la práctica del aborto inseguro y 135 por causas obstétricas directas sólo en el 2013. Pero no hay que considerar sólo la mortalidad: la morbilidad severa, que implica daños físicos, psíquicos y morales por tratos denigrantes, el hostigamiento y las múltiples violencias que sufren tanto quienes acuden como quienes no al sistema de salud, son imposibles de calcular.

En mi experiencia, comencé a pensar en las herramientas que tenía como militante política para acompañar a mujeres en situación de embarazo no deseado desde vivencias muy crudas. Aún no era médica y participaba de un espacio de asistencia y formación de “Promotores de Salud” en Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires, cuando estas urgencias comenzaron a emerger. Adolescentes y mujeres mayores, algunas ya madres, las que podían elegir un método anticonceptivo y las que sufrieron violaciones. Todas con algo en común más allá de una decisión tomada y la búsqueda de información: el miedo. La mayoría tenían el recuerdo de alguna mujer que terminó hospitalizada, que se infectó, que “la vaciaron”, que no pudo tener nunca más hijos, que murió, que su marido se enteró, que estaba presa. En ese contexto tuvimos que empezar a construir respuestas, desde el derecho, la empatía y la comprensión de la inequidad de género reinante basándonos en el feminismo. Por suerte, una compañera de Lesbianas y feministas por la legalización del aborto, estaba muy formada sobre el uso de misoprostol como método seguro de interrupción del embarazo. En ese entonces, nuestro paradigma era el de reducción de riesgos y daños, con confianza en el derecho a la información científica y de calidad que tenemos las mujeres.

En el contexto del malintencionado debate actual, es importante aclarar que la compañera que no era médica, contaba con la información científica y que yo, en mi pasaje universitario, nunca tuve formación alguna al respecto. Por eso me preocupó la confianza depositada en la comunidad profesional de la medicina en este tema. Es necesario que la sociedad sepa que en las universidades no es parte de la currícula la asistencia psicológica, legal y técnica del aborto, sólo se nos recalca que es una situación a la que debemos temer, que seremos demandados y que un juez nos sacará la matrícula. En esas aulas, un docente un día nos explicó: “el paciente es el enemigo hasta que se demuestre lo contrario”, así nos invitó al ejercicio de una de las más hermosas profesiones.

Pasados algunos años, ya recibida y en ese momento ocupando un puesto en la función pública en la Secretaria de Salud de Lomas de Zamora, mi responsabilidad era otra. El paradigma de reducción de riesgos y daños llegaba a un cuello de botella, muy marcado en las clases populares, que era el acceso a la medicación: los blíster para una interrupción segura tienen un costo de entre $1.000 y $1.800 en las farmacias. De modo que comienzo a empaparme de la experiencia de otros colectivos sociales y de espacios del sistema público -particularmente de la dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires, que acompañaba la labor titánica de los equipos de salud del Primer Nivel de Atención-, donde se trabajaba con el paradigma de aborto no punible o ILE.

Si es legal, entonces, ¿por qué tanto las mujeres que abortan como quienes garantizan un derecho consagrado sufren la clandestinidad y el estigma social? Porque existen una serie de obstáculos que pueden sintetizarse en el marco de las políticas públicas implementadas por los Estados en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal).
Empezando por el hecho de la falta de estadística estatal, las acciones expulsivas del sistema de salud y una aceptación y naturalización de la desigualdad de acceso, se genera un escenario de múltiples opciones. Cuando no hay información aparecen las acciones desde la más profunda desesperación; cuando no hay políticas públicas ajustadas a la realidad, aparece el mercado clandestino y ya sabemos que el mercado da respuesta a unas pocas mientras lo clandestino somete al cuerpo de las mujeres a un azar intolerable: puede ser un legrado (2) con anestesia, puede ser un legrado sin condiciones de asepsia, puede ser una “sonda” que te raspe el útero, puede ser una estafa, pueden ser los más terribles escenarios para algunas. Por suerte muchas otras, darán con espacios de organización y acompañamiento seguros, pero ese es el azar que no podemos permitirnos como sociedad.

Actualmente, hay muchas organizaciones que brindan información científicamente actualizada. La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir es una de estas organizaciones. En ella trabajamos en pos de garantizar no sólo el acceso a la información, sino el cumplimiento de los Protocolos que rigen en el territorio nacional. Actualmente esta red federal esta compuesta por 580 profesionales de la salud que día a día buscamos las estrategias para sortear obstáculos entre los derechos escritos y la realidad de las mujeres – y personas con capacidad de gestar.

Los/as efectores/as de salud, de la administración pública o privada, somos garantes de un derecho consagrado por la legislación nacional: el acceso a un ILE es un derecho humano esencial de la mujer. No podemos someter sus cuerpos a opiniones personales, porque lo que está en juego es su salud y su vida. Los profesionales que garantizamos este derecho estamos a favor de la vida. Quienes nos entendemos como garantes de este derecho, nos encontramos con la falta de insumos necesarios y de las herramientas técnicas pertinentes dispuestas en el lugar adecuado. En este sentido, dos cuestiones centrales para garantizar un ILE son la producción nacional y distribución de misoprostol, y la habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del ingreso y distribución de mifepristona -ambos medicamentos calificados como esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS)-.

La OMS afirma que su uso correcto funciona en más del 90% de los casos, que es efectivo y seguro hasta las 12 semanas de embarazo, y que el tratamiento medicamentoso (mifepristona y misoprostol) puede realizarse de manera ambulatoria. Asimismo, recomienda la implementación de la técnica de AMEU (Aspiración Manual Endo-Uterina) en reemplazo de la utilizada hoy en el país (internación para Dilatación y Curetaje o Legrado). Esto implica pensar en una actualización en AMEU de las capacitaciones del personal médico, y en la revisión de los diseños curriculares de las carreras en Medicina. Esto permitiría que el sistema público de salud pueda dar respuesta hasta el 85% de los ILE que pueden ser resueltos en el Primer Nivel de Atención.

Por estos motivos, es necesaria la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo que impulsa desde hace años la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, que daría un progresivo paso en el ordenamiento normativo y judicial que tiene el país. La Ley aportaría a que el Estado no pueda mirar para otro lado y dejar que las mujeres continúen siendo vulneradas, y también a que la sociedad civil se brinde un debate urgente -con especial hincapié en escuchar la voz de las mujeres-.
Estos son sólo algunos de los puntos neurálgicos que necesitan ser tratados, para lo cual resulta necesaria una voluntad política del Estado para garantizar el acceso a este derecho que hoy le es negado a las mujeres en Argentina. Un derecho que, como dijimos, está legislado en el país. No queremos otro caso como el de Belén, la terrible y violenta muerte de Ana Maria Acevedo, ni una mujer más que siga padeciendo daño moral, psicológico ni físico. No queremos más esta vulneración sistemática a los derechos de las mujeres.

El aborto es una realidad, las estadísticas dejan claro que lo más probable es que la mayoría de la mujeres se encuentren en esta situación a lo largo de la vida y es de público conocimiento que quienes pueden pagar miles de pesos son quienes acceden a más y mejores cuidados.
El problema es el aborto inseguro, no el aborto. Necesitamos darnos este debate maduro, con perspectiva de derechos humanos y por sobretodo con la calidad que nos merecemos todas.

(1) “[..] no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, todo vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible” CSJN, 2012: considerando 21.

(2) Operación quirúrgica que consiste en raspar la superficie de ciertos tejidos, especialmente el útero o los huesos, para eliminar sustancias adheridas o para obtener muestras del tejido.

M. Ximena Arriola
Médica (MN: 149512)
Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.