Impacto del “Cambio” en Salud


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El sanitarista argentino Mario Testa, recientemente homenajeado por la compañera Cristina Fernandez de Kirchner en el III Encuentro Nacional de Salud, destaca la centralidad de desencadenar procesos que permitan a los pueblos organizarse para lograr instalar temas en la agenda del Estado. Durante la última década fueron numerosas las políticas sociales y económicas que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de la población y que incidieron directamente en su salud. Sin embargo, ya desde el debate de los candidatos durante la última campaña electoral, fue evidente que la salud no es una prioridad para el Presidente Macri. Esto fue confirmado con la decisión de nombrar a funcionarios en el Ministerio de Salud de la Nación con antecedentes de haber generado un aumento en la mortalidad infantil durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre 2003 y 2015 el Estado Nacional y sus trabajadores y trabajadoras de la salud orientaron sus esfuerzos a recuperar la confianza en el rol estatal dentro del sistema sanitario en todos sus niveles. Todos los indicadores de salud mejoraron considerablemente durante ese tiempo, destacándose la mortalidad infantil que pasó de 16,6 %0 nacidos vivos a 9,7. Alrededor de 33.000 niños no vivirían si se hubiesen mantenido los niveles de mortalidad del 2003. La tasa de mortalidad materna también descendió considerablemente. El impacto de estas políticas también se pueden observar la reducción de la prevalencia de retraso en el crecimiento en niños y niñas argentinos (baja talla para la edad) en un 45% entre 2005 y 2013 (de 20,6% a 11,3%). Esto significa una mejora sustancial en las condiciones de crecimiento y desarrollo infantil en casi 5 de cada 10 niños de los sectores más vulnerables de la población. Se puede decir que nos niños de esta década miden al menos 1 cm más que los nacidos la década anterior. El medicamento considerado un bien social fue garantizado para toda la población, mejorando la evolución de las enfermedades crónicas, y un ahorro del 73% respecto al valor en farmacia.

Estas y muchas otras estrategias sanitarias implementadas en estos 12 años no sólo han generado una gran mejora en los indicadores, sino que han consolidado a la salud como un derecho para todos los argentinos

A un año de la gestión de Cambiemos, el Ministerio de Salud de la Nación se ha retirado de la escena de las problemáticas de salud que afectan al pueblo en la actualidad. Situaciones de abordaje complejo, como inundaciones o la epidemia de dengue, se agudizan ante esta ausencia. En esta línea, se desarticulan estrategias como el abordaje territorial y la atención primaria de la salud, dejando espacio para el lobby empresarial y desprotegiendo a los sectores más vulnerables.

Se destaca una parálisis de la mayoría de los programas que se encontraban en funcionamiento hasta Diciembre de 2015. Algunos de ellos, como Argentina Sonríe, Qunita y la Escuela Nacional de Gobierno en Salud fueron directamente derogados sin nuevos políticas que los reemplacen, y otros modificados a su mínima expresión, como REMEDIAR y Salud Sexual.

Las compras de insumos fueron paralizadas, debiendo luego realizar compras por urgencias por los reclamos de faltantes de preservativos, anticonceptivos, medicamentos para el VIH, para la tuberculosis y oncológicos en las distintas provincias. La paralización de la gestión también se hace notoria en los efectores de salud que dependen del Ministerio. Los últimos tres Hospitales SAMIC inaugurados en 2015 no han recibido fondos en absoluto.

En materia de políticas de medicamentos se destaca la reducción del 33% en la distribución de tratamientos con medicamentos esenciales entregados a las provincias respecto a 2015. Cada jurisdicción debió resolver la falta de medicamentos con los recursos propios para sostener el abastecimiento a la población, lo que perjudica gravemente el acceso equitativo a un bien social como es el medicamento y además podría agravar los cuadros de enfermedades al no recibir el tratamiento necesario. Esto se vio con un aumento de la mortalidad por causas respiratorias, aun cuando no hubo mayor incidencia de enfermedades. Este hecho asociado con un aumento desproporcionado de los precios de los medicamentos, genera una situación de riesgo gravísimo para la conservación de la salud de muchas personas que requieren de medicamentos en forma prolongada por problemas de salud crónicos. Con respecto al trasplante de órganos, algunos expertos sostienen que 2016 fue el peor año en materia de procuración y trasplante de órganos de los últimos 10 años, ya que el número de trasplantes descendió a cerca de 470, cuando en 2012 fue de 630.

La gestión de CAMBIEMOS ha paralizado y vaciado programas de abordaje territorial, y está procurando la descentralización a las provincias de los programas nacionales de Dengue, Chagas y Leishmaniasis, dependientes de la ex Dirección Nacional de Enfermedades Transmisibles por Vectores, dado que fue eliminada. El resultado de esta retirada del Estado en la escena ha provocado la peor epidemia de dengue durante el último verano, con más de 40 mil casos confirmados, y el riesgo de que esta situación se repita este verano.

Esta situación se ve reflejada en la subejecución presupuestaria, que llega al 75% del presupuesto a 40 días de terminar el año. Luego de una devaluación de más del 60%, se debe considerar que gran parte del presupuesto en salud se utiliza en la compra de medicamentos y tecnologías, que en su mayoría son importadas o tienen un ingrediente importado central. Entonces la subejecución nominal es inmensamente más significativa en términos de acceso a derechos. Se destaca la subejecución en los programas más sensibles, en concordancia con la parálisis de sus compras y actividades, como son la Dirección de SIDA, Salud sexual y procreación responsable, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, la atención sanitaria territorial y la atención de la madre y el niño. Es llamativa la subejecución en áreas de investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales y para el Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública, siendo menor al 5%.

Hasta ahora todos los esfuerzos en materia sanitaria se han centrado en el desarrollo de la “Cobertura Universal de Salud” con el aval de los organismos internacionales de crédito y la presión del complejo médico industrial norteamericano. Este viejo concepto remite a las intenciones de crear un sistema de aseguramiento de la salud, como existe en EEUU o Colombia. Se limita el acceso a servicios de salud según la capacidad de pago del usuario, generando grandes inequidades y distorsiones en la salud de la población. El Seguro de Salud se basa en el concepto de una canasta de prestaciones financiadas por un fondo solidario en el caso de las prestaciones de alto costo, y co-financiadas con los usuarios en el resto, posibilitando la implementación de coseguros dentro del sector público, tal y como funcionan en el sector privado. A su vez favorece el financiamiento por parte del Estado de prestaciones en entidades privadas toda vez que la oferta no se pueda garantizar en los efectores públicos. Esto resulta en una transferencia de dinero desde el sector público al sector privado a través del financiamiento de las prestaciones de salud, en especial las de alto costo, generando mayor fragmentación de la atención, exclusión y judicialización del derecho a la salud. A su vez se pretende dar “autonomía en la gestión” a los efectores públicos, es decir, descentralizar responsabilidades y financiamiento. La lógica dominante del seguro es la económica y no la de la garantía del derecho.

En esta misma línea se ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley de creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que proponen este conformado por cincos directores designados por decreto, y dos Consejos integrados por representantes de los productores de tecnologías, obras sociales y prestadores privados, con claros intereses creados en el mercado de la salud. Tendrá el rol de reducir a una “canasta básica de prestaciones” el acceso a medicamentos, consultas, estudios médicos, etc. para todos quienes no tienen obra social o prepaga. Si alguna prestación indicada por el médico no está incluida en esta canasta, la persona deberá pagar, empezando con los medicamentos que ya no se cubrirán al 100% a través del REMEDIAR sino que se adquirirán en farmacias pagando un 50 %. También el rol de esta Agencia es el de limitar las prestaciones del Programa Médico Obligatorio, afectando el acceso a los servicios a toda la población. Sería un problema grave que, como ocurre en otras áreas del Estado, sean CEOs de las prepagas y de la industria de la salud quienes definan qué tratamientos y prestaciones serán garantizados por el Estado y cuáles no. Eso implicaría una regresión en términos de derechos adquiridos, a favor del enriquecimiento de quienes piensan en la salud del pueblo como un negocio y en los medicamentos como una mercancía, y no como un bien social y un derecho de la ciudadanía.

Finalmente, Macri propone la entrada de nuestro país al Tratado del Transpacífico, que implicaría en el ámbito de la salud la priorización de patentes de productos originales, restringiendo la producción de genéricos. La compra de productos genéricos es lo que ha posibilitado que el Estado garantice el acceso a medicamentos de alto costo a precios accesibles y ha favorecido el desarrollo de la producción nacional de medicamentos que permite reducir los excesivos costos que pretende imponer la industria farmacéutica. Por ende, la entrada al TTP redundaría en una menor capacidad de compra del Ministerio y por lo tanto en menor acceso a estos medicamentos. El mayor impacto se vería en productos biológicos, mayormente utilizados para tratamientos oncológicos.

Estas políticas atentan contra el proceso iniciado en la última década de reestructuración del sistema nacional de salud con el propósito de avanzar hacia un sistema integrado y tutelado por el Estado, único garante del acceso eficaz y equitativo a la salud.